Cuba-Estados Unidos: Let’s talk about business

Su familia ha hecho lo mismo durante cien años. Si una entiende ‘lo mismo’ a grandes rasgos, si una no entra en esos detalles relativos a las técnicas de cultivo o a las variedades de las semillas. Y una debería entrar en esos detalles si de veras quiere saber qué ha hecho su familia durante los últimos cien años. Para quienes sienten pereza por los detalles se podría resumir: cultivar arroz. Pero cultivando arroz, a secas, no se llega al Salón de la Fama de Agricultura en Arkansas. Ni a la audiencia pública que se está celebrando en el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes este 14 de septiembre de 2016, enfocada en las oportunidades para expandir el comercio agrícola entre Cuba y Estados Unidos. Cuando Mark Isbell testifique hoy, dirá que es apenas “un agricultor que simplemente quiere vender sus productos en un mercado libre y abierto”. Y donde diga agricultor, usted puede asumir estado (Arkansas).

Los cubanos consumen un promedio de once libras de arroz mensualmente, sesenta kilogramos al año. Ninguna desde Arkansas.

El primero de su familia que hizo ‘lo mismo’ fue su abuelo. Leroy Isbell nació el 3 de mayo de 1924, en Snake Island, Arkansas, y cuando terminó de estudiar el preuniversitario el mundo estaba en guerra. Por segunda vez. Se alistó en la Marina estadounidense y sirvió en la zona del Pacífico hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1944, Franklin D. Roosevelt firmó lo que se conocería como el GI Bill. Una ley que otorgaba a “hombres y mujeres la oportunidad de reanudar su educación o capacitación técnica después del servicio prestado sin costos de matrícula (a menos que sobrepasaran los 500 dólares por año escolar) y el derecho a recibir un pago mensual mientras estudiaran”. Entre 1944 y 1949, nueve millones de veteranos obtuvieron cerca de cuatro mil millones de dólares como parte de este programa. Con el cheque de 90 dólares mensuales que ganó, Leroy se fue a la escuela de agricultura. El joven de veinte y tantos años que siempre había querido ser veterinario usaría otro poco de dinero para comprar sus primeros cuarenta acres de tierra y sembrar… arroz.

No hay casi ninguna foto de Leroy en Internet. Una, en particular, lo muestra con espejuelos y gorra negra, dientes cansados, sonrisa pícara. Es su imagen en el Salón de la Fama de Agricultura en Arkansas. “Clase de 2013”, anuncia el sitio. Hasta ahí llegó por rebeldía. A finales de 1970, la tecnología láser permitía nivelar la tierra de manera precisa. Leroy se dio cuenta de que los sistemas tradicionales de regadío (con diques en pendiente) demoraban más para distribuir el agua por todo el campo porque los sembrados no eran planos. Diseñó una técnica que se conocería como Zero-grading (Cero grados) y que consistía en dejar el área de cultivo completamente llana y rodear los grandes bloques de tierra por un dique perimetral que irrigaba con la apertura y el cierre de una puerta. Se ahorraba así hasta un 30 por ciento de agua y el campo podía drenar en cuatro direcciones, en lugar de en una sola dirección con pendiente como en los sistemas tradicionales.

Cuarenta y cuatro años después, Mark Isbell, su nieto, presentará un proyecto piloto ante el Consejo de Recursos Atmosféricos de California. El objetivo es obtener bonos de carbono reduciendo la generación de metano y ahorrando agua en las prácticas de cultivo. Para ello, usará la técnica de Zero-grading. Una investigación realizada por una universidad en 2015 reconocerá que mediante la combinación del Zero-grading y otras técnicas de humectación y secado alterno en los cultivos, la finca de la familia Isbell habría logrado disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50 por ciento.

Cuando la foto de Leroy apareció en el Salón de la Fama, tenía 89 años. Moriría el 10 de mayo del año siguiente. “Y aunque siempre esperó verlo, nunca volvió a notar ninguna cantidad significativa de arroz estadounidense regresando a Cuba”, dice Mark Isbell en la audiencia pública ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. En los primeros días de 1959, mientras la Revolución se abría camino desde Santiago hasta La Habana, Leroy, de 35 años, compraba 900 acres más de tierra.

En los primeros días de 1959, Cuba importaba 156.000 toneladas de arroz desde Estados Unidos.

“Es imposible saberlo con certeza”, me dice Mark por correo electrónico, “pero teniendo en cuenta que Cuba era un mercado tan grande para nuestro arroz antes de la modificación de la política [estadounidense] en la década de 1960, creo que es muy probable que parte del arroz que mi abuelo cultivaba fuera a parar a Cuba”.

En 2014, el año en que Leroy murió, Cuba no importaba ni una tonelada de arroz desde ese país. Esto no significaba que hubiera logrado la tan añorada sustitución de importaciones, sino que había variado sus proveedores en busca de convenios más ventajosos. El año en que Leroy murió, la Isla había destinado alrededor de 173 millones de dólares a la compra de arroz. La mayoría procedía de Vietnam (243.000 toneladas), Brasil (105.000 toneladas) y Argentina (28.000 toneladas), según un informe de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

El Arkansas Times, en una historia fechada en abril de 2014, publicó que si uno sigue por la autopista 13 en Humnoke –una pequeña aldea agrícola de 284 habitantes–, justo antes de la capilla de la iglesia bautista Rowes verá una señal: “First State Bank saluda a Leroy Isbell. Cultivador de arroz por 54 años consecutivos”. Según Mark Isbell, en declaraciones a Periodismo de Barrio, “el cartel se instaló cuando el campo de cultivos alcanzó los 40 años de producción continua”. Ahora dice 57 años.

Mark tiene 35 años, pelo rubio, espejuelos de armadura negra que semejan mucho a los de su abuelo. Junto a su padre, su madre y su cuñado cultivan 3.000 acres de arroz anualmente en su finca situada en Lonoke County, Arkansas. Sabe que el mercado cubano es una gran promesa para los agricultores estadounidenses y que los obstáculos que están enfrentando actualmente para vender su arroz a Cuba no son logísticos. “Nada tienen que ver con la calidad de nuestros productos o su habilidad para competir en un mercado global”, dice. “Los obstáculos que estamos enfrentando para vender nuestro arroz a Cuba son obstáculos legales”. Y cuando se trata de Cuba, los obstáculos legales en Estados Unidos son básicamente obstáculos políticos.

Estados Unidos cultiva arroz en más de tres millones de acres, fundamentalmente situados en ocho estados (Arkansas, California, Florida, Illinois, Louisiana, Mississippi, Missouri y Texas) y se comercializa en los 50 estados y en 125 países. Arkansas produce más de la mitad del arroz de toda la nación y la mayoría es de ‘grano largo’, el mismo tipo que se consume en Cuba. Cuba importa, como promedio, alrededor de 460.000 toneladas y produce cerca de 530.000, según cálculos realizados de los últimos 17 años a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

En 2015, Arkansas vendió quince millones de dólares menos de arroz que el año anterior.

“Siendo el arroz un producto dependiente de las exportaciones [en los Estados Unidos], nosotros estamos continuamente buscando nuevos mercados […] para mantener una industria rentable”, dice Mark. En mayo de 2016, el gobernador de Missouri regaló veinte toneladas a Cuba. En junio, Vietnam donó 5.000. Hoy, 14 de septiembre, Karen Lowe, vicepresidenta de la División de Financiación de la Agricultura de CoBank, uno de los proveedores privados de créditos más grandes del país para la industria agrícola y rural, recuerda a los miembros del Comité, en su testimonio, que “estamos en un período prolongado de precios bajos en la mayoría de los productos agrícolas”. Esta “dura realidad”, apunta Karen, “hace que todos los mercados, sin importar el tamaño, sean importantes”. Incluso Cuba. Especialmente Cuba.

CoBank está plenamente consciente de que la aprobación de la Ley de Comercio Agrícola, remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores el 6 de octubre de 2015, no resolverá la falta de transparencia del sistema bancario cubano, la (in)capacidad de pago de la Isla, el cumplimiento de los contratos y, ni siquiera, el establecimiento de una entidad importadora no estatal que sustituya a ALIMPORT, pero “es mejor abordar los desafíos sobre la marcha”. Lo primero es “realizar todos los esfuerzos posibles por ampliar los mercados”.

Ampliar los mercados, para los agricultores de Arkansas, es una cuestión de supervivencia económica. Ampliar los mercados, para Cuba, es una cuestión de supervivencia.

En noviembre de 2001, luego de la aprobación de la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act, se realizó la primera venta de arroz estadounidense a Cuba. Y tras la primera venta vinieron otras. En 2004, las exportaciones de arroz a la Isla se valoraban en 64 millones de dólares.

Sin embargo, lo que podría haber sido un renacimiento del comercio agrícola, no fue más que una anomalía de corto plazo. En el año 2005, el Departamento del Tesoro emitió una normativa que redefinía el significado de cash-in-advance. Según la OFAC, instituciones financieras estadounidenses congelaron los pagos de Cuba y pidieron la ayuda del Departamento del Tesoro para aclarar si el término refería que el vendedor debía recibir el dinero antes de embarcar los productos desde Estados Unidos o antes de entregarlos al comprador cubano. Para disminuir el impacto negativo de la detención del efectivo en las confundidas instituciones financieras estadounidenses, la OFAC adoptó una política que autorizaba el desbloqueo de los pagos pendientes y, meses después, aclaró que los mismos debían ser recibidos por el vendedor antes de que los productos desembarcaran de puerto estadounidense.

Las importaciones de arroz bajaron a cero en 2009.

Cash-in-advance es uno de esos términos elásticos que ganan o pierden significados de acuerdo con los intereses políticos de turno. Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en diciembre de 2014, la administración Obama (re)redefinió el término como “pago antes de la transferencia o entrega de los productos exportados”. O sea, volvió a la interpretación que tenía antes de 2005. Pero, para entonces, ya Cuba había diversificado sus proveedores de alimentos, y se había alejado de las mercancías de Estados Unidos y acercado a Brasil, Canadá, Argentina, México, España, Francia, Ucrania y Vietnam.

“Las condiciones de crédito ofrecidas por algunos de estos países permiten a ALIMPORT conservar la ‘moneda dura’ y utilizar el crédito para hacer compras más grandes durante períodos de varios meses o más, por lo general dos veces al año”, reconoce Luis A. Ribera, economista y Profesor Asociado del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Texas A&M en su testimonio. Todo ello a pesar de que “Estados Unidos tiene ventajas [sobre otros mercados] para ofrecer estos productos al pueblo cubano en términos de tiempo de tránsito necesario, costo de los fletes y costo del producto”, añade Mark durante su presentación.

Por eso, lo importante hoy, en esta sala, es desanudar las regulaciones financieras.

—¿Usted cree que un cambio en la política hacia Cuba que incluya la apertura de créditos va a incrementar las importaciones agrícolas desde Estados Unidos? –pregunto vía correo electrónico a Ribera el 16 de septiembre.

—Según nuestras reuniones con personas de ALIMPORT, el Ministerio de Agricultura y otros, el principal problema es el Embargo, en general; pero más específicamente, la falta de crédito. Yo pienso que si se dan créditos las exportaciones de Estados Unidos a Cuba se incrementarían.

Para Mark, la pregunta no es si Cuba va a comprar arroz estadounidense, ni siquiera la manera en que, de hacerlo, compraría arroz estadounidense. Para Mark, la pregunta es si “nosotros [EE.UU], como país, vamos a permitirlo”.

Y si la respuesta fuera positiva, dice, el costo promedio de enviar un barco de arroz desde los puertos de Nueva Orleans o Houston no superaría los 1.000 dólares. Desde Vietnam o Tailandia está por encima de 6.000. Con los cambios reglamentarios apropiados, “podríamos recuperar el treinta por ciento del negocio arrocero con Cuba dentro de dos años”. Esto significaría exportar un estimado de 135.000 toneladas y, “dentro de cinco años, la participación de Estados Unidos en el mercado cubano podría alcanzar el 50 por ciento”. Con relaciones comerciales normales.

En el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes no se menciona la frase “sustitución de importaciones”. Por eso le pregunto a Ribera, dos días después, si este optimismo económico se mantiene incluso cuando cada funcionario cubano ha explicitado públicamente la necesidad de disminuir las importaciones de productos agrícolas.

—Cuba ha disminuido las importaciones de productos de Estados Unidos, pero no [las importaciones] en términos generales. O sea, Cuba sigue importando aproximadamente 2.000 millones [de dólares] en productos agrícolas y comida. Si hay un programa oficial para incrementar la producción doméstica de alimentos y es exitoso por supuesto que va a disminuir la importación de estos; pero dado que es una isla […] muchos productos, como el trigo, no pueden ser producidos allí.

—¿No sería más estratégico para Cuba mantener como aliados comerciales a quienes son ya sus aliados políticos (Brasil, China, Vietnam, por ejemplo)? ¿Qué puede brindar Estados Unidos que no pueden ofrecer otros aliados comerciales?

—Es muy bueno que Cuba mantenga relaciones comerciales con muchos países. No es prudente depender de una sola fuente de alimentos y, por supuesto, también existe la afinidad política. Pero, al final del día, pienso que Cuba va a tomar la decisión que le resulte más provechosa. Ha habido un incremento importante en el número de turistas, por ende, una demanda mayor de alimentos, de diferentes cortes de carnes, principalmente de res, condimentos, aderezos y también otros productos no comestibles como jabones, cremas, etc. [A esto se añade] que hay muchos ciudadanos norteamericanos viajando a Cuba, por lo cual la demanda de productos específicos de Estados Unidos podría incrementarse.

Ribera sabe que los consumidores norteamericanos están acostumbrados a cosas como las “hamburguesas-de-las-cinco-preguntas”. Generalmente, en cualquier comercio de Estados Unidos, una debe responder un mínimo de dos y un máximo de seis preguntas para obtener una hamburguesa. Todas, excepto la primera, implican la adición o sustracción de productos comestibles. (¿Qué término prefiere?, ¿qué tipo de queso (cheddar o suizo)?, ¿qué tipo de ensalada (lechuga, tomate)?, ¿con cebolla o sin cebolla?, ¿le añadimos mostaza, ketchup, mayonesa?, ¿con o sin papas fritas?). En La Habana, en cambio, usted solo debe decir lo más claramente posible la oración “quiero una hamburguesa”. Luego de la ampliación del trabajo por cuenta propia en el territorio nacional, los clientes han conseguido incorporarle otra: “Añádale queso, por favor”.

Aunque Cuba quisiera comprar productos agrícolas de Estados Unidos, quedan todavía quienes se oponen a la flexibilización de las operaciones financieras. Mauricio Claver-Calone es el director ejecutivo de Cuba Democracy Advocates, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en la Isla, con sede en Washington, y considera que las sanciones deberían mantenerse exactamente en el mismo sitio.

Para entender el testimonio de Mauricio ante el Comité debemos aclarar varios puntos.

Primero, Mauricio usa Cuba y Castro como sinónimos. Dice, por ejemplo, que el Estado dirige y controla el comercio exterior y cita “el artículo 18 de la Constitución de Castro”. Donde dice la Constitución de Castro, usted puede leer la Constitución de Cuba. Castro, todavía, no es un país. Y segundo, confunde ‘aumentar’ con ‘disminuir’. Refiere que “el ranking de conectividad a Internet de Cuba ha disminuido”. Para ello se basa en el informe de la Unión Internacional de Telecomunicación (ITU, por sus siglas en inglés), donde Cuba descendió del puesto 119 en 2010 al 129 en 2015.

Sin embargo, los datos que ofrece la ITU corresponden al Índice de Desarrollo de las TIC (IDT) (no al “ranking de conectividad a Internet”) compuesto por once indicadores donde se incluyen los abonados a la telefonía fija y móvil por cada cien habitantes, ancho de banda de Internet, porcentaje de hogares con computadoras y con acceso a Internet, porcentaje de personas que usan la red, abonados a la banda ancha fija y móvil por cada cien habitantes, tasa de alfabetización de adultos y porcentaje bruto de inscripción en enseñanza secundaria y terciaria. Que el IDT de Cuba haya descendido es lamentable, pero con 200 soleados parques wifi por toda la Isla (y 1.006 puntos de acceso en total) es imposible que “el ranking de conectividad a Internet de Cuba” haya “disminuido”. La Oficina Nacional de Estadísticas reflejó casi un 35 por ciento de penetración de Internet en 2015. En 2010, era de apenas un 16 por ciento. Y sin parques públicos.

Fuera de los “deslices” en el uso del lenguaje señalados anteriormente, Mauricio argumenta que Cuba figura entre las naciones con mayor riesgo de crédito en el mundo, que ha congelado cuentas a empresas extranjeras en el país de manera inconsulta y que su deuda externa es elevadísima. (La ONEI no reporta la deuda externa cubana desde 2012, año en que ascendía a 12.532 millones).

“Cualquier persona sería bastante imprudente si dejara su dinero en una cuenta bancaria cubana”, sentencia. Para cuidar a los ciudadanos estadounidenses de posibles imprudencias se debería emitir una prohibición adicional en el Código Interno de Renta de la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act, según Mauricio, para evitar que las pérdidas derivadas de las transacciones comerciales con Cuba sean deducidas en el cálculo de los impuestos de los negocios.

Entre 2003 y 2015, la agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s Investors Service ha variado sus informes sobre Cuba. En su reporte anual de 2003, Moody’s decía que la calificación otorgada (Caa1: extremadamente especulativo) se basaba en una moratoria de la deuda externa cubana (adoptada desde el año 1986), la evidencia de un registro defectuoso de pagos, extrema dependencia de los bienes de importación y acceso limitado a la financiación externa a largo plazo. En abril de 2014, Moody’s bajó la calificación de Cuba a Caa2 (riesgos sustanciales) con perspectiva estable, lo cual reflejaba su percepción de que las debilidades y las fortalezas crediticias del país podrían afectar en proporciones similares su trayectoria futura.

Las debilidades crediticias incluyen un acceso limitado a financiamiento externo, alta dependencia de bienes importados, riesgos de transición política y falta de transparencia en los datos oficiales; mientras que las fortalezas incluyen un sector turístico dinámico y creciente, actividades mineras relacionadas a la extracción de níquel, y el potencial de una economía más diversa —Moody’s Investors Service.

En junio de 2015 Cuba renegoció con el Club de París su deuda, que se había dejado de pagar desde 1986, y acordaron que la misma ascendía a 15.000 millones de dólares. En diciembre, Moody’s cambió la perspectiva de Cuba de estable a positivo. “La dependencia de Venezuela ha disminuido desde 2014, y a pesar de las presiones que esta ejerce sobre las finanzas externas de la Isla, los riesgos siguen siendo manejables”. Además, el impulso de reformas económicas y el incremento del acercamiento con Estados Unidos incidieron en el favorable desempeño macroeconómico.

Seamos claros: los cambios en las calificaciones de Moody’s no significan que Cuba esté bien, significa, apenas, que Cuba no está tan mal como dice Mauricio. Pero sigue siendo un escenario con altos riesgos crediticios y de inversión. Un escenario donde, en ocasiones, se toman decisiones abruptas y arbitrarias. Los reportes de Reuters desde 2008 hasta 2011 sobre el congelamiento de cuentas bancarias a empresarios extranjeros en la Isla así lo confirman.

A finales de 2008, los bancos estatales cubanos informaron a las empresas extranjeras que sus fondos no estaban disponibles por el momento. Cuba congeló hasta mil millones de dólares en cuentas de 600 proveedores extranjeros a inicios de 2009, de acuerdo con un reporte de Reuters. Cuando los empresarios pidieron explicaciones recibieron el silencio por respuesta. “En reiteradas ocasiones he enviado correos electrónicos y […] a mi representante a las oficinas de una compañía con la que hacía negocios por años y que me debe dinero”, dijo a Reuters un empresario canadiense en 2009. “Simplemente no quieren hablar conmigo”.

En diciembre de ese mismo año, el presidente cubano Raúl Castro informó ante el parlamento que se había reducido “en más de un tercio las retenciones de pagos acumuladas” (en algunos casos, se reprogramó o se renegoció el pago de la deuda) e impartió “instrucciones precisas de no asumir nuevas deudas sin la seguridad de cumplimentar su pago en los plazos pactados”. Pero, a veces, las instrucciones del presidente no se cumplen. En un discurso ante el parlamento cubano en julio de 2016, Castro anunció una nueva época de contracciones económicas y dijo que aunque “se había logrado mantener el cumplimiento de los compromisos asumidos en los procesos de reordenamiento de las deudas con acreedores extranjeros”, seguían existiendo “algunos atrasos en los pagos corrientes a los proveedores”.

Incluso si Cuba pagara sus deudas, si no tuviera un riesgo de crédito alto, si hubiera mayor transparencia en su sistema bancario, Mauricio tendría otras objeciones: que la única empresa importadora de productos agrícolas desde Estados Unidos es la estatal ALIMPORT (“Desde la aprobación de la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act en 2000, más de 5.000 millones de dólares en productos agrícolas se han vendido. Sin embargo, todas esas ventas, realizadas por más de 250 empresas privadas estadounidenses, fueron hechas a un único comprador cubano: el régimen de Castro” –donde Mauricio dice ‘el régimen de Castro’, usted lea ALIMPORT. La primera no es una empresa importadora, la segunda sí), que se deben proteger las propiedades de ciudadanos estadounidenses confiscadas a inicios de la Revolución (“Hay cerca de 6.000 reclamaciones certificadas pendientes de pago, por un valor de casi 7.000 millones de dólares producto de la confiscación de negocios y propiedades estadounidenses por parte del régimen de Castro. Entre ellas se encuentran muchos de los puertos y otra infraestructura utilizada para las exportaciones agrícolas”) y que no se debería apoyar a las entidades militares cubanas (“si el Congreso autorizara algún financiamiento para la venta de productos agrícolas a Cuba, le garantizo que el Grupo de Administración Empresarial –GAESA– absorbería ALIMPORT rápidamente, sin ningún proceso legal y con total falta de transparencia”).

Con respecto a las reclamaciones, Richard Feinberg, autor del libro Open for Business, Building through New Cuban Economy, comentó por correo electrónico que “Cuba reconoce el principio de compensación por los bienes embargados. Los gobiernos han llevado a cabo dos rondas de conversaciones cordiales según los informes públicos, y el progreso en este tema ha sido gradual pero lento. Cuando finalmente se alcance un acuerdo, como seguramente ocurrirá, el clima político y comercial para los negocios mejorará”.

ALIMPORT aparece registrado ante la Cámara de Comercio de Cuba como una empresa adscrita al Ministerio de Comercio Exterior con capacidad para “importar y exportar productos alimenticios, bebidas y materias primas para la Industria Alimenticia y para consumo animal, así como comercializar, de forma mayorista y en ambas monedas estos productos y prestar los servicios asociados a la actividad comercial”. No es la única que puede importar estos productos, pero sí la única que puede importarlos desde Estados Unidos. Otras 125 empresas estatales cubanas también tienen capacidad de importación y exportación de diferentes bienes y servicios. Once de ellas pertenecen al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

—En su testimonio usted menciona que GAESA podría absorber ALIMPORT, ¿tiene alguna prueba de ello? ¿Ha leído alguna declaración pública por parte de esa entidad o se trata de una opinión?– pregunto a Mauricio vía correo electrónico.

—Si ALIMPORT obtuviera financiación de Estados Unidos, sin dudas se convertiría en un objetivo (…) para GAESA. Actualmente, ALIMPORT actúa como una agencia de compras, así que no es una máquina de hacer dinero. Sin embargo, si recibiera financiación, es probable que siga la misma suerte que CIMEX, HABAGUANEX y el Banco Financiero Internacional. Te será difícil encontrar una empresa estatal cubana que genere ingresos sustanciales en el extranjero y que no haya sido absorbida por GAESA.

De las cinco personas que testifican hoy ante el Comité, la mayoría quiere relaciones comerciales normales con Cuba. No significa que la mayoría tenga la razón. Significa que, al menos en teoría, cada cual debería ser libre de elegir. James Williams, presidente de Engage Cuba, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que tiene el propósito de poner fin al Embargo y las restricciones de viajes hacia la Isla, cree que la decisión debería estar en manos de las empresas estadounidenses. “[Estas] son plenamente capaces de decidir si exportar a Cuba está en su mejor interés o no”.

“Hay algo especial que le sucede a las personas cuando se sientan juntos en una mesa y comparten una comida”, me explica Mark. “Lo he experimentado en varias culturas alrededor del mundo. Lo experimenté cuando visité Cuba. Hasta cierto punto, me pregunto si ese algo especial que sucede cuando los alimentos pasan de unas manos a otras en una mesa compartida podría ocurrir también cuando enviamos barcos de ida y vuelta a través de los océanos entre dos países”.