Migrantes

César Manuel nunca ha hecho la ruta Santiago – La Habana en avión. Ni cuando tenía cinco años, que vino a visitar a su familia en Indaya por primera vez, ni cuando regresó a La Habana a los once con sus padres y su hermano para quedarse a vivir. Nació en un lugar “pedrugoso, con muchas casas” al que los adultos llaman Altamira. Y llegó a la capital en enero de 2014, en tren.

—¿Te gusta más vivir en La Habana que en Santiago? –le pregunto.

—Sí, aquí es mejor –dice.

—¿Por qué?

—Porque la economía de Santiago es poca. En Santiago yo tengo mi libreta y todo, puedo buscar los mandados, pero aquí todo cuesta barato, en Santiago todo cuesta caro… No, al contrario –rectifica–. En La Habana cuesta todo caro pero hay dinero; y en Santiago cuesta todo barato pero no hay dinero. Allá un peso es como si tú fueras a pedir cinco pesos, diez pesos. Aquí no.

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Más de 518 mil personas nacidas en otras provincias residían en La Habana según el censo de 2012. De ellos, 78.505 provenían de Santiago de Cuba; 66.361 de Granma; 57.221 de Holguín y 51.785 de Guantánamo.

La Habana recibe al 41 por ciento del total de inmigrantes y las provincias orientales generan el 57 por ciento de los emigrantes hacia todo el país. Solo en 2014, el saldo migratorio interno en La Habana fue de 8.977 habitantes, mientras que en las provincias orientales fue de -13.023.

Desde 1953, los censos de población y vivienda han intentado estudiar los movimientos migratorios internos. Pero si en 1953 preguntaban apenas el municipio de nacimiento, a partir de 1970 comenzaron a incorporar cuestiones más específicas como el lugar de nacimiento, de residencia anterior y la duración de la residencia o la fecha de llegada a la provincia. En 1981 se indagó por única vez en el lugar de residencia durante el censo anterior.

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En Indaya viven hoy familias con dirección particular de Guantánamo, Santiago de Cuba, unas pocas de Holguín y otras de Camagüey. En Indaya viven hoy niños y jóvenes que descienden de las familias que vinieron de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey. Todos, sin excepción, heredaron las direcciones de sus padres. Su relación con la provincia de origen de sus progenitores –o la suya, en el caso de los que migraron durante la niñez– es de larga distancia. Algunos nunca han regresado, otros van de paso y no se reconocen en ninguna calle, en ningún parque, en ningún sitio.

Su tarjeta de menor, que se convierte en carnet al arribar a los 16 años, poco tiene que ver con su verdadera identidad. Su tarjeta de menor, cuando se convierte en carnet, es también el principal impedimento para incorporarse a la vida laboral. El asunto de la identidad se resuelve a golpe de porfía. Basta con sentirse de La Habana para serlo. La Habana es, también, un estado de ánimo. Pero ese estado de ánimo no figura en los requisitos de quienes realizan las contrataciones en las oficinas de recursos humanos de las entidades estatales.

Los niños migrantes realizan sus estudios en La Habana sin mayor complicación. Los adolescentes migrantes realizan sus estudios en La Habana sin mayor complicación. Los jóvenes migrantes, en cambio, después de realizar los estudios primarios, secundarios y preuniversitarios, no podrán ser contratados en ningún centro laboral hasta tanto arreglen su cambio de dirección. Los jóvenes migrantes de Indaya, a diferencia de otros jóvenes, no quieren ser abogados, ni ingenieros. La universidad no aparece dentro de sus expectativas. Los jóvenes de Indaya, comenta alguien, “piden lo único que hay: Agronomía”.

—¿Qué quieres ser cuando crezcas? –le pregunto a César Manuel.

César Manuel es, primero, un niño elocuente. César Manuel es, además, inteligente a simple vista. Habla de economía doméstica sin saber que está hablando de economía doméstica. Dice también algo así como “los niños en La Habana expresan sus sentimientos y te dan consejos”. Toca la tumbadora desde los dos años, es cristiano desde los tres, y lo afirma como si uno recordara a los tres años alguna religión. Por eso me interesa saber qué quiere ser cuando crezca. Como si no hubiera tenido que crecer cuando sus padres decidieron tomar el tren a La Habana en enero de 2014. Hoy tiene trece años. A solo tres años de recibir su primer carnet de identidad, responde:

—Elaborador de alimentos.

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En 1966, el presidente cubano Fidel Castro decía: “si nosotros no nos ocupamos de desarrollar el interior del país, si no llevamos a cabo una política de crear condiciones que hagan agradable la vida en el interior del país, el fenómeno de querer mudarse para La Habana seguirá manteniéndose y el problema de la capital será cada vez peor”.

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—Yo vivía en un pueblito de Holguín que se llama Cacocum –dice Lianet Ramírez, de 25 años, mientras sostiene a un bebé de un año nacido en Indaya–. Estaba estudiando magisterio en la universidad José de la Luz y Caballero cuando vine de vacaciones. Debía volver a Holguín para hacer un examen, pero hablé con mis tíos y me dijeron que me quedara acá. Eso fue hace aproximadamente seis años, en 2010.

Lianet nunca regresó a Holguín. Al principio fue difícil adaptarse. Acostumbrada a estudiar, debió trabajar como doméstica con su tía en una casa en Playa. Limpiaba, fregaba, lavaba para cubanos que trabajaban en embajadas y ganaba quince dólares semanales. Después cuidó a un anciano minúsvalido, pero allí le pagaban poco porque iba solo una vez por semana.

—¿Te sientes más de La Habana o de Holguín? –le pregunto.

—Más de aquí. Me fue más fácil adaptarme a vivir aquí que seguir allá –dice.

—¿Por qué?

—Porque el lugar donde yo vivía era bastante marginal.

Cacocum es un municipio a 16 kilómetros de la ciudad de Holguín con 41.334 residentes. Su población, igual que la del resto del país, decrece. En 2014, llegaron a vivir a Cacocum 369 personas y 616 se marcharon a otras provincias. De 2010, año en que Lianet se fue de Cacocum, no hay estadísticas de altas y bajas en el Anuario Municipal de 2014, pero se informa que el saldo migratorio fue negativo: 413 habitantes menos. Cuando los equipos eléctricos de cocción distribuidos por el gobierno en 2005 comenzaron a fallar y no aparecieron los repuestos para las ollas arroceras y los calentadores, algunos habitantes volvieron a usar la leña. Corría el 2013. Y ese año se fueron 883 personas de Cacocum.

—¿Qué es lo que más quisieras que te pasara ahora mismo? –le pregunto a Lianet.

—Tener un trabajo estatal.

—¿En qué?

—Quisiera terminar primero mi carrera de magisterio y luego ejercer otra cosa.

—¿Tu niño tiene dirección de La Habana?

—No, tampoco.

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El 22 de abril de 1997, mediante la aprobación del decreto 217, Cuba reconoció que en los últimos años se venía produciendo un movimiento de personas que, provenientes de otros territorios, se trasladaban a La Habana con el fin de domiciliarse, residir o convivir, lo que incrementaba “el grave problema habitacional, las dificultades para asegurar el empleo estable, adecuado transporte urbano y el abastecimiento de agua, electricidad y combustible doméstico”.

El decreto 217 pretendía establecer normas que regularan y contribuyeran a garantizar no solo el derecho de las personas que tuvieran el propósito de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente y se trasladaran desde otros territorios hacia La Habana, sino también el de los que ya tenían legalmente establecida su residencia en ella.

Lo que el decreto llama “movimiento de personas” se contabiliza en los Anuarios Estadísticos de Cuba cada año. En La Habana, se pasó de 13.338 habitantes procedentes de otras provincias en 1990 a 28.103 en 1995. Si la capital pudo sobrevivir al incremento de la migración interna que coincidió con los años más críticos del Periodo Especial fue porque el movimiento migratorio externo también creció. Entre 1990 y 1996, recibió a 119.541 personas de otras provincias y 76.957 residentes de la capital se fueron a otros países.

Según el Anuario Estadístico de Cuba, La Habana cerró 1996 con un saldo migratorio de 23.913 personas y más de diez mil habitantes de la capital emigraron. En 1997, luego de la entrada en vigor del decreto, el saldo migratorio alcanzó por primera vez cifras negativas: 4.178 habitantes menos, pero para 2008 ya las cifras habían vuelto a sobrepasar los 10.000 migrantes por año.

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Para residir o convivir con carácter permanente en La Habana, las personas provenientes de otras provincias deben contar con la autorización previa de los propietarios de la vivienda y un documento acreditativo expedido por la Dirección Municipal de Arquitectura y Urbanismo en el que se certifique que la misma tiene las condiciones mínimas de habitabilidad; esto es, una superficie techada habitable no inferior a 10 metros cuadrados por persona.

Si la vivienda es considerada un medio básico, el organismo o entidad propietaria debe además dar su conformidad. Y si se encuentra en una zona de alta significación para el turismo se requiere el criterio de la entidad o dependencia que tenga a su cargo dicha zona.

La Dirección Municipal de la Vivienda donde se encuentra el inmueble confecciona el expediente y lo envía al Presidente del Consejo de la Administración Municipal adjuntando la opinión de la Dirección Municipal de la Vivienda sobre el caso. Tras veinte días hábiles, el Presidente del Consejo de la Administración Municipal determina si se reúnen o no los requisitos.

En su artículo 3, el decreto 217 aclara que no se puede reconocer el domicilio, residencia o convivencia con carácter permanente cuando el inmueble ubicado en La Habana es inhabitable, está en una zona insalubre o se trate de una vivienda sin las condiciones mínimas adecuadas.

Indaya es un barrio insalubre.

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—Hay quien nace para barrendero y hay quien nace para presidente –dice Jonnys Rojas. Jonnys es el líder de las juventudes cristianas en la iglesia de Indaya. Llegó a La Habana en 2001 a pasar el servicio militar obligatorio cuando tenía 19 años desde El Caribe, en Guantánamo. Nunca regresó.

Jonnys no siempre fue el líder de las juventudes cristianas. Hubo una época de la cual habla poco, donde se “apartó del Señor” y cayó “en las pasiones de este mundo: drogas, alcohol, mujeres”. En Indaya conoció a su primera esposa y luego a la actual madre de sus tres hijos. Su esposa también emigró desde Santiago de Cuba cuando tenía 18 años.

—¿Tienes dirección de La Habana? –le pregunto.

—No, aquí no dan cambio de dirección porque este es un barrio insalubre. Por eso uno tiene que estar trabajando de cierta forma ilegal.

—¿En qué trabajas ahora?

—Albañilería. Hago reparaciones en las casas.

—¿Los niños tienen dirección en La Habana?

—No, tampoco. Nacieron aquí y se están criando aquí pero no tienen dirección de La Habana, aunque ellos cogen los mandados por aquí.

—¿Cómo cogen los mandados si no tienen libreta?

—Sí, sí tenemos libreta, porque gracias a Dios hubo un hermano que tenía una libreta y nos anotó en esa. Después le dieron una casa y nos cedió su libreta.

—Entonces tus niños sí reciben leche.

—Sí, ellos sí.

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En una disposición especial, el decreto 217 pide a los organismos de la Administración Central del Estado que dicten las resoluciones necesarias para reducir al mínimo imprescindible la estancia temporal o definitiva en La Habana de personas procedentes de otros territorios en función de actividades o tareas vinculadas a dichos organismos. Los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Educación deben ejercer el control correspondiente en el caso de los trabajadores y los estudiantes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) también trasladan una cifra no pública de reclutas de otras provincias hacia la capital.

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—Mis hijos iban a empezar la escuela y yo no tenía ni para comprarle los zapatos, por eso vine el año pasado desde Santiago de Cuba, por necesidad –cuenta Julio César Reyes Silva, de 43 años–. Ahora hago trabajitos de carpintería. Mis hijos están en la escuela y tengo más desenvolvimiento. Lo que más quisiera es tener un lugarcito donde vivir, trabajar en cualquier cosa por el Estado, pensando sobre todo en un retiro.

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Dice el artículo 8 del decreto 217 que si alguien proveniente de otros territorios del país reside o convive con carácter permanente en La Habana sin que se le haya reconocido ese derecho, deberá pagar 300 pesos. Dice que si no se incribe en la oficina del carnet de identidad deberá pagar 200 pesos. Dice que el titular de la vivienda que permita que resida en ella alguna persona proveniente de otro territorio del país sin que se hayan realizado los trámites legales deberá pagar 500 pesos. Pero si fuera en La Habana Vieja, en Centro Habana, en el Cerro o en Diez de Octubre, la multa será de 1.000 pesos. Dice, por último, que si la persona procedente de otra provincia permanece en La Habana luego de haber vencido el permiso transitorio, deberá pagar 200 pesos. En todos los casos, los migrantes tienen la obligación de retornar de inmediato a su lugar de origen.

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Malvis Laurencio Benítez me pide que escriba su nombre como quiera: con b o con v, con y griega o i de puntico. Para Malvis esas son nimiedades. No es una nimiedad vivir durante 16 años en Indaya sin dirección de La Habana, ni criar a la hija de su hermana que se suicidó en Guantánamo, ni a su nieto -el único hijo de su único hijo que murió a los 18 años en Guantánamo también-, ni a la hija de la hija de su hermana, que nació en Indaya pero tiene dirección de Guantánamo.

—He criado a esos dos niños huérfanos desde que tenían cuatro y siete años y a la chiquitica comprando leche en la bolsa negra. Y aquí estamos, luchando para darles lo que tenemos porque no podemos trabajar en ningún sitio sin el cambio de dirección.

Malvis tiene su expediente de trabajo. Es gastronómica, dice. Cocinera, ayudante de cocina, tiene doce grado y 52 años. La hija de su hermana tiene 21. El hijo de su hijo tiene 18 y retraso mental.

Cuando cursaba el noveno grado, la hija de su hermana salió embarazada, parió y comenzó a buscar trabajo.

—Le conseguí uno en un círculo infantil –dice Malvis–. Pero le pedían una dirección aunque fuera transitoria.

La hija de la hermana de Malvis no llegó a tiempo para la entrevista. Mandó a decir que no podía venir, que tenía problemas, que estaba ocupada.

—No te lo iba a decir –dice Malvis– pero se fue a vender meriendas. Tiene que ir todos los días a vender meriendas en el Bote –el mayor vertedero a cielo abierto de Cuba– para poder darle comida a esta niña.

La niña de la que habla Malvis tiene menos de dos años. Ha pasado toda la entrevista intentando jugar con su tía abuela. Malvis se nota cansada. No cansada de la entrevista. Cansada de la vida. Cuando la niña hala el short de Malvis, buscando atención, la mujer la alza por los brazos, le dice que se largue, la toma de los hombros y la lanza contra el piso. La niña se levanta, se sacude las rodillas y llora.

Dos horas después, Malvis saldrá con la niña de la mano. Nada ha pasado en Indaya.

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El 16 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministros modificó el decreto 217. En su único artículo dispuso que los cónyugues, hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos del titular de una vivienda en la capital, los hijos menores de edad del cónyugue del mismo y las personas declaradas jurídicamente incapaces podrían oficializar los traslados con carácter permanente sin cumplir los requisitos del artículo 2 del decreto 217.

Además, exonaraba el cumplimiento de dicho artículo “al núcleo familiar de la persona a quien se le asigne un inmueble por interés estatal o social”.

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Cuando Alionuska Bazaes tenía ocho años su madre la trajo a vivir a Indaya. “Armamos un cuartico y me pusieron en la escuela”, recuerda. El 3 de febrero de 2015, veinte familias que residían en Indaya y algunas comunidades aledañas se mudaron a la urbanización que se había comenzado a construir desde 2011 aproximadamente como parte de un plan para erradicar el barrio insalubre. Alionuska estaba a punto de cumplir los 36 cuando recibió la llave de su apartamento.

—¿Ya les dieron la propiedad? –le pregunto más de un año después.

—Todavía, si mi marido quiere trabajar y no se puede porque no nos han dado el cambio de dirección. Yo no entiendo por qué, si llevamos un año aquí.

—¿Cuántas personas viven aquí?

—Mis tres hijos, yo y mi esposo.

—¿Y ninguno tiene dirección de La Habana?

—Ninguno.

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A la urbanización se van 16 familias próximamente. Lianet tiene el número 14 en el censo para otorgar nuevas viviendas sociales como parte del proyecto Indaya. Los padres de César Manuel tienen el 32. Malvis tiene el 5. Jonnys tiene el 48. Julio César no tiene número.