Cualquier día, a las 11 de la mañana, el parquecito de la calle Calzada entre A y Paseo, Vedado, tiene pocos bancos libres. Los ancianos que compran regularmente en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) “California”, justo al lado del parque, asisten a esa hora con bastones y un andar despacio, con jabas grandes o carretillas donde guardan sus cantinas vacías. Algunos en grupos, otros solos, esperan a que manden a pasar según la cola que organizan ellos mismos por el orden de llegada.
Hace más de un año que en el local no se puede hacer estancia debido a las restricciones por la Covid-19. Antes podían almorzar adentro. Ahora cada anciano, en su turno, entrega sus pozuelos y paga, vuelve al banco y aguarda durante unos 20 minutos por la comida empacada.
Siempre parece un mismo día repetido. Excepto cuando llueve, que a regañadientes los dejan pasar al portal.
El martes 2 de marzo de 2021 el “California” ofertaba el siguiente menú de almuerzo:
Arroz con pollo (200 gramos): 4 pesos
Vianda hervida (90 gramos): 1.25 pesos
Ensalada (60 gramos): 85 centavos
Pan (60 gramos): 60 centavos
Precio total: 6.70 pesos.
Para la cena disponía:
Arroz blanco (180 gramos): 1.65 pesos
Potaje de frijoles negros (200 gramos): 2 pesos
Hamburguesa MDM (masa deshuesada mecánicamente) (80 gramos): 1.80 pesos
Ensalada (60 gramos): 85 centavos
Vianda hervida (90 gramos): 1.25 pesos
Precio total: 7.55 pesos.
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Entrada del SAF “California”, ubicado en la calle Calzada entre A y Paseo, Vedado (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
El primero de enero de 2021 inició en Cuba la Tarea Ordenamiento. Ese día, los asistenciados por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) se enteraron de que el almuerzo y la cena dejaron de costar un peso, sin previa notificación. Hubo establecimientos donde los precios llegaron a 15 CUP y hasta 30 CUP por cada uno. Muchos no tenían esa cantidad de dinero. Otros dejaron de comprar por considerarlos montos excesivos.
El 10 de diciembre, el Ministerio de Comercio Interior había publicado la Resolución 142 de 2020, donde se establecían las regulaciones para el funcionamiento del servicio. El artículo 10.1 del documento aclara: “Los precios de los platos ofertados a los censados se forman sin subsidios. Cubren el costo de la materia prima, los gastos directos y otros gastos asociados a la fuerza de trabajo directa y una tasa mínima de utilidad”. Mientras, el artículo 10.2 puntualiza que, como promedio, no excederían los 13 pesos para cada frecuencia de almuerzo o comida, sin incluir desayuno, para un equivalente de 403 CUP mensuales.
Ninguna de las personas asistenciadas entrevistadas para este trabajo supo de esa resolución a tiempo.
Para André Alberdi Valero, director de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía en La Habana, el gran error fue la falta de comunicación. “Se indicó hacer un inventario el último día del mes, y a partir de ahí establecer los precios que serían a partir del primero”, explicó en la revista televisiva Buenos Días. Según el directivo, había que reunirse con los asistentes a estas instalaciones y aclararles las nuevas tarifas. Para que no los cogiera de golpe.
La inconformidad trascendió a las redes sociales. Se hizo viral un post que decía: “No tienen Facebook. Exige por ellos”. Diez días después, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, señaló en la Mesa Redonda que “nada justifica que el primero de enero hubiera aparecido en uno de estos lugares alguien cobrando un almuerzo en 30 pesos, porque todos se realizaron con el inventario que quedaba y con los precios anteriores”.
Los 1 445 SAF que existen en todo el país atienden a 76 176 personas. Casi la mitad de ellas son jubiladas. El resto está compuesto por casos sociales (21,9 %); protegidos por la Asistencia Social (15,9 %); discapacitados (7,5 %); no jubilados (6,8 %) y embarazadas (0.3 %).
El abandono del servicio por parte de los censados es notable, a pesar del incremento de las pensiones. Durante el mes de enero se reportaron los mayores porcientos de abandono en Cienfuegos (49.2 %), Ciego de Ávila (46.7 %), Isla de la Juventud (47 %), Artemisa (37.3 %) y Las Tunas (37 %). Las quejas recayeron fundamentalmente en la mala elaboración de los productos e inconformidad con la relación entre calidad y precios.
Cándido Crespo (83 años), Reinaldo Guerrero (60 años) y Lázaro Valdez (70 años), están censados en el “California”. Dependen de él para sobrevivir. Esta mañana se desahogan juntos, en el mismo estado de desilusión, al cabo de tres meses de Ordenamiento.
―Es pagar por una comida mala y con pésimo gramaje. Los chícharos parecen piedras. Las croquetas son de harina. La yuca es dura como un palo. A veces nos llevamos los frijoles y el arroz, y si en la casa tenemos un huevo, ese el plato fuerte. Y cuando no, ¿qué comemos? Es muy duro.
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Los 1 445 SAF que existen en todo el país atienden a más de 7 600 personas (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
Héctor Valdez tiene 61 años y apenas puede caminar. Por eso pasa gran parte del tiempo en silla de ruedas. Es un hombre de piel india, con el carácter tan fuerte como su voz. En marzo de 2020, debido a complicaciones con la diabetes mellitus tipo 1 que padece, le amputaron el empeine del pie izquierdo. Hasta esa fecha, que coincide con la suspensión del curso escolar debido a la pandemia, era director de una escuela primaria en el municipio Diez de Octubre. Actualmente recibe 1 028 pesos mensuales de licencia médica (el 60 % de su salario).
La habitación donde vive es la última de una casa dividida entre la familia de su hermana y la de su sobrina. El baño es colectivo. No tiene acceso a la cocina porque al fogón le funciona una sola hornilla. A simple vista, los únicos objetos que tiene Héctor son una cama, una computadora antigua, un escaparate, un radio, algunos libros.
Estas circunstancias hicieron que se acogiera al Sistema de Atención a la Familia. Desde hace un año, entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana, un mensajero del “California” atraviesa el pasillo que lleva a su cuarto. Recoge algunos pozuelos plásticos envueltos en una jaba y 20 pesos: lo máximo que puede costar el alimento. Al mediodía le trae las cantinas llenas y el dinero sobrante.
Según Héctor, el mensajero nunca sabe el menú, y él no tiene un teléfono con el que llamar para preguntarlo. Por lo tanto, no puede escoger lo que quiere que le traigan ni sabe cuánto paga por cada cosa con exactitud. Respecto a la comida sostiene varias quejas:
―No tiene condimentos ni sabor a nada. Los frijoles son agua con granos. Los chícharos son balines. Las croquetas y las hamburguesas son de harina pura. El pollo es un pedacito con más hueso que carne. El arroz empegostado. La cantidad es como para un niño de círculo infantil.
Su vecino, Blac Barcela Neira, de 83 años, tiene asignada la mensajería desde el inicio de la cuarentena. No está seguro de cuánto tiempo lleva apuntado en el sistema, pero garantiza que son varios años y que la calidad de la comida ha empeorado en los últimos meses, a pesar de su encarecimiento.
Para él, el mejor platillo que ofertan es el huevo hervido. Recuerda, por ejemplo, que el 4 de marzo dieron cerdo asado, pero tan duro que no pudo comérselo. No obstante, prescindir del servicio nunca ha sido una opción para él. Cobra una pensión de 1 578 pesos. Con eso le alcanza para el almuerzo del SAF, los mandados y algunos gastos básicos. Luego su hermana le prepara la cena.
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Hace diez años que Roxana depende del servicio del SAF (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
A mediados de enero, los 153 SAF de La Habana atendieron a unas 8 800 personas, el 40 % de los 21 087 censados en ese momento. El SAF “H. Upmann”, del municipio Cerro, tiene apuntadas a 112 personas. Belkis Vázquez, su administradora, declaró a Cubadebate que antes del Ordenamiento asistían casi 100 a diario. Ahora solo llega la mitad de ellos. En escenario similar está el SAF “Vedado”, situado en el municipio Cotorro. El administrador de la unidad, Julio Antonio Rodríguez, confirmó a la Revista Buenos Días que de 110 comensales anotados, atienden entre 45 y 50 cada día.
En febrero se dio a conocer una investigación sobre este tema, realizada por la Universidad de La Habana. Para ella, entrevistaron a 16 714 beneficiados del sistema en los 15 municipios de la capital. Los resultados arrojaron que el 42 % de los encuestados asiste diariamente, mientras que el 31 % no lo ha hecho nunca. El nivel de satisfacción obtenido fue de 25 %, debido a los argumentos de siempre: la baja calidad y los altos precios fijados tras el Ordenamiento.
Ante la situación, el gobernador de la provincia, Reinaldo García Zapata, aseguró que se depurarían los listados, se atendería cada situación particular y se tomarían medidas para garantizar la buena cocción, el gramaje adecuado y la accesibilidad del servicio.
De enero a marzo las autoridades de Comercio en la capital disminuyeron el costo para los asistenciados. La tercera rebaja estableció que los precios oscilaran entre 5 CUP y 11 CUP. Este máximo, en caso de que el menú ofertara pollo o cerdo.
“Hay lugares donde no se elabora correctamente la comida. Tú puedes dar un buen servicio de almuerzo, con arroz, frijoles, croquetas, un huevo hervido, pan sustituyendo la vianda; pero hay que darlo con amor y con calidad”, apuntó Murillo Jorge en la Mesa Redonda del 11 de enero.
El día 15, la Revista Buenos Días entrevistó a Dania Torres Hernández, administradora del centro “El Cubano”, en Habana Vieja. Según explicó, la ausencia de condimentos era el mayor impedimento para lograr buenos platillos. En ese momento no tenían, ni sabían cuándo tendrían. Lo mismo sucedía en el SAF “Vedado”. Su administrador aseguró en el programa que solo disponían de cebollino. “Nosotros tratamos de que la comida salga, por lo menos, comible”, comentó.
Sin embargo, el director de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía declaró en ese mismo espacio que los administradores tienen facultado efectivo sin límites ―siempre y cuando se justifique― para ir al organopónico o a los carretilleros y comprar condimentos y especias, porque el país no disponía de ellos para entregarlos directamente.
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Magaly Stable (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
La sala de Magalys Stable Villa es también la cocina, el comedor y el dormitorio de su casa. En la habitación de cuatro por tres metros hay un esqueleto de meseta con un fogón y platos plásticos. Un tanque de agua, la cama pequeña, una mesa y un televisor. Dos sillas llenas de ropa. Una tercera silla, desocupada, mantiene la puerta abierta para que el aire refresque el cuarto sin ventanas, aunque a veces se cuela por la puerta la fetidez que expulsa el baño común, ubicado al final de la cuartería.
Magalys no tiene refrigerador, ni espacio donde cupiera uno, ni vecinos que le guarden provisiones. Por eso, en 2016, con 400 pesos de pensión por viudez, se inscribió al SAF “Hortensia”, en el Cerro.
―La comida en esa época era regular. Daban chícharo, arroz, frijoles negros, huevo casi siempre como plato fuerte; pollo y espagueti rara vez. Yo cogía lo que me dieran.
Con el peso de los años y la artrosis que padece, se le fue haciendo más difícil caminar las 12 cuadras que separan su vivienda del centro.
―Había veces que no podía ni moverme, o que estaba lloviendo, y como quiera tenía que ir. Me asignaron un mensajero al principio de la pandemia, pero duró unos días. No vino más.
Por ese tiempo, su hijo, que tiene discapacidad mental, se mudó con ella. Magalys gestionó que también le permitieran comprar a él, pero se lo negaron. Ella dividió su poca comida para los dos hasta mediados de enero, cuando tuvo que abandonar el SAF debido a los altos precios.
―Me fui sin decir nada. Tampoco nadie vino a preguntar.
Su pensión, aunque ahora aumentó a 1 070 pesos, no le permite gastar casi 20 CUP cada día cuando el costo de la canasta de bienes y servicios es de 1 528 pesos mensuales por persona.
Magaly no recibe comida desde enero debido al alza de los precios. (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
Magalys tiene 82 años y la piel pegada a los huesos. Habla con timidez, como sin fuerzas. Me enseña los alimentos que tiene: unos panes duros y un tomate. Dice que casi siempre se duerme sin comer.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, explicó en la Mesa Redonda que el servicio del SAF no está dirigido a personas con insuficiencia de ingresos, sino a aquellas que tienen limitaciones para elaborar los alimentos de manera independiente.
Agregó que no existe ningún impedimento para incluir a cualquiera que lo requiera. “La asistencia social puede asumir ese gasto si es insolvente económicamente. Lo que no puede pasar es que alguna no vaya porque tiene un alto precio y entonces no almuerce o no coma”.
El Decreto 25/2020 de Seguridad Social contempla en el artículo 249.1 la necesidad de protección cuando se demuestra: insuficiencia de ingresos para asumir la alimentación, medicamentos, pagos de servicios básicos, falta de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda, o la incapacidad de estos para incorporarse al empleo.
Según las cifras oficiales, la asistencia social subsidia a 12 000 de los inscritos al Sistema de Atención a la Familia.
“Hay quienes, con la subida de ingresos y de los precios, sienten que se han quedado desamparados y nosotros lo que decimos es mucha calma, que nadie va a quedar desamparado”, dijo Murillo Jorge en el mismo espacio.
En marzo pasado, Osmani Pereira Londres, director de la Empresa de Gastronomía de La Habana, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que el listado de los beneficiarios se redujo a 19 486 tras una revisión de cada caso. Los jubilados suman 11 131 y los asistenciados 4 541. El resto son discapacitados, personas de bajos ingresos, casos sociales. Los municipios con mayor cantidad de personas registradas son Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo.
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Debido a las restricciones por la pandemia, debe esperar fuera del establecimiento hasta ser atendida (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
La rutina de vida que ha construido Roxana Entrialgo Pérez de Corcho tiene como centro al SAF. Por eso nunca lo ha abandonado y ha rechazado la mensajería en varias ocasiones. Hace diez años que busca el pan temprano, se baña y camina unos 700 metros con las cantinas a cuestas desde su casa hasta el SAF “California”. Al regresar, almuerza y no sale más hasta el próximo día, que hace exactamente lo mismo.
Hace diez años, cuando tenía 56, sufrió un derrame cerebral. Al poco tiempo sus padres murieron y quedó sin familia. El apartamento donde vive le queda demasiado grande. Dentro hay un caos que solo ella entiende.
Asegura que con su pensión de 1 500 pesos le alcanza para comprar los alimentos del SAF.
―Allí atienden bien, pero la comida es mala. Dan muy poco. Hay veces que me alcanza, otras que no. Yo no cojo lucha, porque si cojo lucha me muero. Y no quiero morirme.
Roxana divide milimétricamente la porción del almuerzo y de la cena. Deben ser iguales. Tiene la costumbre de dejar el plato vacío, limpio. Antes de la pandemia, iba dos veces al SAF cada día. Una para almorzar y la otra para comer. Pasaba rato con otros ancianos y se entretenía. Ahora, su única compañía es el televisor y libros que ha releído innumerables veces.
Roxana no lo sabe, pero según el gobernador de La Habana, estas instalaciones no deben funcionar solo como comedores, sino que también deben garantizar la atención social, con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales para atender a quienes allí acuden.
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Gladys Jané (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
El médico le recomendó a Gladys Jané Morales evitar consumir huevo y potajes para contener los problemas de hígado y vesícula que presenta. Ella, al recibir la indicación, llamó rápidamente al SAF “Lombillo”, en el Cerro, y ordenó que le cancelaran el servicio.
―No puedo gastar en algo que voy a botar. La comida está mal elaborada y tengo prohibido casi todo lo que ofertan.
Aunque en el mes de marzo, cuando renunció por cuestiones médicas, llevaba un año perteneciendo al SAF “Lombillo”, no era la primera vez que renunciaba. También lo hizo durante los días de enero en que la comida llegó a costar hasta 17 pesos. Volvió cuando la bajaron de precio, con la opción de llamar con antelación para elegir qué deseaba del menú.
Gladys sostiene uno de los últimos recibos del SAF (Foto: Thalía Alfonso Gómez).
Recuerda una ocasión en que le dijeron: hay revoltillo, potaje de chícharo, arroz blanco y carne de cerdo. Ella pidió que solo le mandaran la carne y el arroz. A las dos de la tarde, como el mensajero no llegaba, llamó otra vez para preguntar qué sucedía. Otra persona, que no fue quien tomó su pedido, le respondió: “Aquí dice que usted no quería nada”.
―Un descontrol total –lamenta–. Me quedo con hambre y gastando en llamadas.
Sobre la calidad del servicio, añade: “El arroz era crudo por dentro. Para comerlo en la noche tenía que ponerlo un rato antes en baño de María. Si lo calentaba directo, se pegaba como un chicle. De ensalada venían dos rueditas de tomate y un pedacito de lechuga. Un muslo de pollo lo picaban a la mitad. Todo en muy pocas cantidades y sin sazón”.
El abastecimiento de estas entidades se asigna centralizadamente por el Ministerio de Economía y Planificación en cada territorio. Las viandas, frutas y vegetales llegan a través de diferentes formas productivas. El aporte nutricional debe cubrir las 200 kilocalorías diarias.
Gladys, de 73 años, vive sola. Es diabética, cardiópata, padece de artrosis y quistes en la tiroides. Con su pañuelo de colores en la cabeza, cada día recorre la Calzada del Cerro en busca de verduras. Va a la bodega, a la carnicería, y a las dos tiendas del municipio donde puede comprar sin hacer cola con un permiso que le otorgó Bienestar Social por su vulnerabilidad. Además de en medicinas, gasta casi toda su pensión (1 528 pesos) en alimentos.
―Por lo menos sé que estoy comprando algo que me voy a comer, aunque sea hervido.